La Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe resolver el pedido de acceso detallado a la nómina de personal de la Legislatura que formuló el abogado constitucionalista y ex legislador Luis Iriarte, según el dictamen del fiscal Daniel Marranzino. Esta opinión no vinculante -puede ser dejada de lado por los vocales- refiere que lo que está en juego es un acto de naturaleza política-institucional, supuesto comprendido por la competencia originaria del máximo tribunal provincial que integran Claudia Sbdar (presidenta), Antonio Daniel Estofán, Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
Marranzino, que actúa como ministro público fiscal subrogante por la licencia del titular Edmundo Jiménez, dijo que la acción de amparo que había incoado Iriarte debía ser tramitada y resuelta directamente en la Corte en función del artículo 4 del Código Procesal Constitucional. El fiscal recordó que este había sido el criterio adoptado en el caso de la camarista penal Alicia Freidenberg (judicializó su destitución en 2006 y, gracias a ese litigio, logró que la reincorporaran). El artículo 4 mencionado dispone que cuando los actos lesivos emanen de los poderes Legislativo y Ejecutivo; de los tribunales de Impugnación, de Apelaciones y de instancia única, tiene competencia exclusiva para entender en la petición la Corte Suprema provincial.
La manifestación de Marranzino habilita a los integrantes del cuerpo a definir si tomarán el pleito o lo reenviarán a la Cámara en lo Contencioso Administrativo, como ocurrió algunas veces en el pasado en conflictos similares. Por ejemplo, el también ex legislador radical Juan Roberto Robles acudió a ese fuero en 2011 para acceder a información detallada sobre los gastos que generó la contratación directa -sin licitación pública- de la construcción de la sede de la Legislatura durante la gestión del entonces vicegobernador y hoy gobernador Juan Manzur. Luego de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que integran los camaristas Ebe López Piossek y Sergio Gandur fallara a favor de la entrega de los datos, la Corte revocó esa sentencia en 2018 con los votos de Posse, Estofán y Sbdar mientras que el ex vocal René Goane consideró que la información solicitada debía ser publicitada por “pertenecer al pueblo”.
Al igual que Robles, Iriarte pidió a la Justicia que quite el candado a las bases de datos legislativas con cita a los tratados internacionales y a la jurisprudencia argentina que garantizan el derecho a acceder a los registros del Estado. Tucumán está entre las jurisdicciones que carece de una ley específica de acceso a la información pública, pese a que el gobernador Manzur se comprometió a mandar un proyecto en ese sentido en 2016.
Antes de ir a los Tribunales, Iriarte había requerido la planta de personal permanente y temporaria de los últimos cinco años con especificación de los haberes al vicegobernador Osvaldo Jaldo: según su criterio, este listado debía constar en la web oficial. “El 30 de enero de 2020, Jaldo me dijo ‘no’ con una interpretación absurda e irracional del Reglamento de la Legislatura”, cuestionó el profesor de Derecho Constitucional.